Señor Director:

Llama la atención que todavía se insista sobre la necesidad de construir nuevas cárceles para el combate al hacinamiento que, lamentablemente, por decenios se ha enquistado en nuestro sistema penitenciario. Continuar con ese discurso revela una miopía cavernaria, y por otro lado se mantiene un argumento superado y añejo que para nada soluciona el problema de fondo.

Sabemos por experiencia que los países castigadores no resuelven los problemas de sobrepoblación carcelaria con la construcción de nuevos centros de privación de libertad, porque en el más corto plazo vuelven a estar abarrotados y desbordados de quienes languidecen víctimas de todos los oprobios, dolores, marginalidad y atentados contra los derechos básicos y fundamentales que las cárceles se han especializado en practicar.

“El Mercurio” se refirió, recientemente, a esta situación crítica y deshumanizante, en la que algunas voces señalan que la panacea para esta cuestión, que el Estado no ha sido capaz de resolver, se corrige con la creación de nueva infraestructura para los efectos indicados. Mientras mentes visionarias -en muchas latitudes del mundo- vislumbran que lo pertinente para la seguridad de un país y el flagelo del hacinamiento no está en hacer nuevas construcciones sino en la creación de leyes y protocolos que recuperen al delincuente fuera del ambiente carcelario, otros hacen caso omiso de aquello.

Nuevas alternativas a la privación de libertad tendrían como efecto positivo, además de ser prosocial y efectivo para recuperar a un individuo, disminuir su tasa de reincidencia de un 60% a un 24% y, en breve, reducir considerablemente el hacinamiento, con la consiguiente economía que ello significaría para el país, ya que el costo de atención de quienes han delinquido y su entorno familiar, considerando las capacitaciones respectivas para la inclusión social y destrezas laborales, es 60 o 70% menos del gasto que el Estado realiza con cada uno de los privados de libertad.

La Fundación Paternitas -experta en materias de inserción social, habilitación y acompañamiento de quienes han delinquido- muestra cifras azules que parecen ser de poca importancia para los que proyectan nuevas construcciones de cárceles, a pesar de que la recuperación de una persona sujeta a régimen carcelario ostenta porcentajes vergonzosos. La insensibilidad y el acostumbramiento que han desarrollado los órganos judiciales, fiscalizadores y administrativos para ver el abandono y marginalidad de quienes están dentro de la red penitenciaria muestran una pobreza moral, ética y de irresponsabilidad sin precedentes, generando por lo mismo abuso indiscriminado de los operadores penitenciarios sobre quienes han sido víctimas de un sistema opresor y de exclusión impresentable.

Los jueces, conscientes del hacinamiento de las cárceles como de la ignominia que a ello le sigue, deberían interpretar la ley de modo más acorde con estas circunstancias y considerar al momento de dictaminar la pena otras instancias que esa misma ley los faculta con amplio criterio.

Pbro. Nicolás Vial Saavedra
Presidente Fundación Paternitas

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